Implicaciones del Real Decreto 1189/2025 y de la Orden TES/1582/2025 para los centros de formación privados

El sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha sido objeto de una actualización normativa relevante a finales de 2025, mediante dos disposiciones clave y estrechamente vinculadas:

El Real Decreto 1189/2025, de 26 de diciembre, que modifica el Real Decreto 694/2017 (norma básica del sistema) y otras disposiciones relacionadas con subvenciones y formación.
La Orden TES/1582/2025, de 30 de diciembre, que modifica la Orden TMS/368/2019, norma de desarrollo que regula la oferta formativa de las administraciones públicas, su financiación y las bases reguladoras de las subvenciones.

Ambas normas responden a una necesidad común: actualizar, reforzar y hacer más sostenible el sistema de formación para el empleo, adaptándolo a los nuevos costes, a la evolución del mercado laboral y a un modelo de control más exigente.

Para los centros de formación privados, estas modificaciones no son meramente técnicas, sino que impactan directamente en la planificación económica, la gestión administrativa y la estrategia de participación en los distintos subsistemas de formación.

Qué aporta el Real Decreto 1189/2025: marco común y refuerzo del control

El Real Decreto 1189/2025 actúa sobre el nivel estructural del sistema, modificando el Real Decreto 694/2017, que es la norma base de la FPE. Desde el punto de vista de un centro de formación privado, destacan tres ideas clave:

a) Refuerzo del principio de trazabilidad y control

El decreto consolida una orientación clara hacia:

Mayor control del gasto público,
Exigencia de coherencia entre formación impartida, resultados y financiación,
Refuerzo de la responsabilidad de entidades y empresas participantes.

Esto afecta tanto a la formación programada bonificada como a la formación subvencionada y, de forma indirecta, a la formación vinculada a contratos de formación en alternancia.

b) Alineación de los distintos subsistemas

El Real Decreto 1189/2025 busca reducir la fragmentación entre:

Formación bonificada,
Formación subvencionada,
Formación vinculada a políticas activas de empleo.

Para los centros privados, esto implica que los estándares de calidad, seguimiento y justificación tienden a homogeneizarse, aunque los instrumentos de financiación sean distintos.

c) Base jurídica para nuevas ayudas y percepciones económicas

El real decreto introduce y legitima en la norma básica figuras como:

Percepciones económicas por asistencia a formación para personas desempleadas,
Ajustes en compatibilidades con prestaciones, que posteriormente se concretan y desarrollan en la Orden TES/1582/2025.

Qué introduce la Orden TES/1582/2025: impacto directo en la gestión diaria

La Orden TES/1582/2025 es la norma que tiene un impacto más inmediato y operativo para los centros que concurren a convocatorias públicas de formación subvencionada.

a) Actualización de los módulos económicos

Uno de los cambios más relevantes es la actualización de los módulos económicos máximos, que no se revisaban desde 2019:

Formación presencial: 15,4€/hora/alumno
Teleformación: 8,9€/hora/alumno
Formación mixta: aplicación proporcional según modalidad.

Además, se permite un incremento de hasta el 50% en acciones formativas con características especiales.

Para los centros privados, esto supone:

Mayor realismo financiero en los proyectos,
Posibilidad de mejorar la calidad de medios humanos y materiales,
Necesidad de justificar adecuadamente los costes cuando se soliciten incrementos.

b) Percepciones económicas para personas desempleadas

La Orden regula la percepción económica diaria de hasta el 75% del IPREM para personas desempleadas que participen en determinadas acciones formativas, especialmente:

En Ceuta y Melilla,
En colectivos de atención prioritaria definidos en las convocatorias.

Aspectos clave:

Son incompatibles con becas y ayudas de transporte o conciliación,
Son compatibles con prestaciones por desempleo.

Para los centros:

Aumenta la capacidad de captación y fidelización del alumnado desempleado,
Exige una gestión administrativa más rigurosa de incompatibilidades y asistencias.

c) Cambios en la gestión de subvenciones

La Orden introduce mayor flexibilidad, pero también mayor responsabilidad:

Posibilidad de modificar resoluciones mediante declaración responsable,
Regulación más clara de los cambios en plazos de ejecución,
Exigencia de motivación y trazabilidad documental.

Esto favorece a los centros con estructuras administrativas sólidas, pero penaliza la improvisación.

Implicaciones según el tipo de formación que gestiona el centro

a) Contratos de formación en alternancia

Aunque estas normas no regulan directamente el contrato de formación, sí afectan al entorno en el que se desarrolla:

Mayor alineación entre formación, competencias y empleabilidad,
Previsión de controles cruzados entre formación, financiación y resultados.

Recomendación: reforzar la coherencia pedagógica y documental entre formación teórica, empresa y resultados de aprendizaje.

b) Formación programada (bonificada)

El Real Decreto 1189/2025 refuerza:

La exigencia de calidad,
La trazabilidad del coste,
La coherencia entre acción formativa y bonificación aplicada.

Recomendación: revisar procedimientos internos, plataformas, controles de asistencia y justificación.

c) Formación subvencionada en concurrencia competitiva

Aquí el impacto es máximo:

Nuevos módulos económicos,
Nuevas ayudas al alumnado,
Mayor exigencia administrativa.

Recomendación: profesionalizar la preparación de proyectos, justificar bien los costes y anticipar escenarios de control.

Conclusión

El Real Decreto 1189/2025 y la Orden TES/1582/2025 no deben verse solo como un endurecimiento normativo, sino como una reordenación del sistema que premia a los centros de formación privados:

Bien estructurados
Financieramente realistas
Con calidad pedagógica acreditable
Con capacidad de gestión administrativa rigurosa.

Para los centros que operan en varios subsistemas, estas normas suponen una oportunidad clara: alinear procesos, mejorar sostenibilidad económica y reforzar su papel como agentes estratégicos de las políticas de empleo.